A la venezolana

En el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo.

Así empieza la proclama de aquel documento histórico que fue aprobado por el congreso de la Capitanía General la tarde del 5 de julio de 1811 en Caracas, aquella declaración es un largo testimonio del día que Venezuela se juró lealtad a sí misma.

Curiosamente, la independencia del país era declarada año y medio después de haber manifestado lealtad a Fernando VII, el rey en cautiverio. Los representantes de las provincias plantearon una solución política determinante como respuesta a la incapacidad de la corona de mantener la estabilidad en la región.

“Este desorden ha aumentado los males de la América, inutilizándole los recursos y reclamaciones, y autorizando la impunidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir esta parte de la nación, dejándola sin el amparo y garantía de las leyes” reza explícitamente el texto, que en pocas palabras, sentenciaba: Esto lo vamos a resolver “a la venezolana”.

No solo porque aspirábamos a gobernar nuestro territorio sino que el conflicto hacía inviable la sumisión a España, no era una proclama de enemistad, fue la reivindicación de nuestra soberanía.

Han transcurrido 215 años desde el día que los representantes de las provincias unidas resolvieron que Venezuela era capaz de gobernarse a sí misma, sin el extravío y el desdén de un reino que estaba ocupado en salvarse.

Hoy, esa proclama que reclamaba tres años de “funesta y peligrosa” ambigüedad política, parece estar más vigente que nunca.

El texto de 1811 expone que “el orden de los sucesos nos ha restituido, en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos”.

El vacío de entonces, no puede compararse en pérdidas con la hecatombe republicana que han ocasionado 27 años del régimen chavista, desplazado en fuerza tras la extracción militar de Nicolás Maduro el 3 de enero.

La operación de Washington en Caracas abrió la puerta a una etapa que ellos mismos han definido en 3 fases hasta la transición democrática de Venezuela, la acción reivindicó la necesidad de restituir el derecho democrático a desplazar un régimen que ha fracasado como gobierno y traicionado a la nación.

La alianza en servicio de la República es legítima mientras fortalezca la capacidad de los ciudadanos para gobernarse, mientras respete el derecho de hacerlo “a la venezolana”.

Quien administra la transición no puede administrar el disenso.

Invocando esos mismos valores republicanos de 1811, hay que restablecer los fundamentos constitucionales de la soberanía, porque nadie es propietario de la voluntad política de los venezolanos y no hay deslealtad en disentir.

El deber de la transición es restituir las voluntades, no desplazarlas.

No nos declaramos enemigos de España en 1811, dijimos que no tenían capacidad para seguir gobernándonos, que merecíamos hacerlo nosotros.

215 años después y tras el quiebre institucional de la República ocasionado por el chavismo, es urgente hacerlo de nuevo, preservar la voluntad política de los venezolanos, reconstruir los cimientos de la nación y hacerlo “a la venezolana”